La decisión de la jueza de garantías 1 de Olavarría, Fabiana San Román, recayó sobre Vanesa Soledad Núñez, Juliana Zelaya, Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Gisel Di Bin y Leandro Esteban Fuhr, quienes estaban excarcelados pero imputados por los delitos de "homicidio triplemente agravado: por su comisión con alevosía, por su comisión con el concurso premeditado de dos o mas personas y por tratarse de miembros de la fuerza de seguridad policial en abuso de su función".

En el escrito -a la que Télam tuvo acceso- la magistrada valoró el informe pericial realizado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estableció que la joven sufrió una "asfixia mecánica por compresión extrínseca del cuello (variedad de ahorcadura) a lazo blando".

Además, los peritos consideraron que "no surgen elementos que permitan suponer la intervención de terceras personas".

"Entiendo que, a la luz del resultado del último informe pericial a que he hecho referencia en el párrafo anterior -que había sido requerido por todas las partes intervinientes-, los elementos de cargo que en un principio avalaron las imputaciones formales efectuadas por la Fiscalía interviniente han quedado sin sustento, motivo por el cual los hechos descriptos por el MPF en su plataforma fáctica no han existido, haciendo operativo la causal de sobreseimiento prevista", afirmó la jueza San Román.

César García, abogado de Vanesa Núñez, dijo a Télam que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), representante de la familia de Daiana, puede apelar el fallo en una instancia superior y criticó que los policías durante más de un año y medio sufrieron un "escarnio público".

"Ellos (por los organismos de derechos humanos) han bregado y generado un escarnio público contra los cinco policías inocentes de Laprida. Queda claro con el informe de la Corte que no hubo intervención de terceras personas, sino más bien una mala decisión de la joven Abregú de quitarse la vida", señaló el letrado.

Las dudas sobre las causas de muerte de Daiana comenzaron con los testimonios de sus allegados que aseguraron que ella nunca se hubiera suicidado, que tenía proyectos y que, incluso, el lunes siguiente a su muerte iba a mudarse con su hijo a la ciudad de La Plata y ya tenía comprados los pasajes.

Con el patrocinio del abogado Sergio Roldán y de la CPM que interviene en la causa en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la familia logró que se ordene una reautopsia al cuerpo de Daiana, que puso en duda los resultados de la primera, que refería un suicidio, y que llevó al arresto de los policías a fines de julio de 2022, lo cual fue reconfirmado por la Asesoría Pericial.

Sin embargo, un ateneo de peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) avaló la hipótesis del suicidio y derivó en la liberación de los cinco efectivos que estaban detenidos por el hecho, lo cual fue criticado por la CPM.

Daiana fue hallada muerta la tarde el 5 de junio último en una celda de la Estación de Policía Comunal de Laprida, unos 430 kilómetros al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, tras ser aprehendida cerca de las 7 de la mañana porque se encontraba alcoholizada y realizando disturbios en la vía pública.