“Hay cárceles que están en medio de la ciudad, en terrenos de real state (sic) de mucho valor en términos inmobiliarios. Básicamente, estamos pensando en vender esas cárceles y con esos fondos construir nuevas cárceles de máxima seguridad alejadas de la ciudad. Eso está dentro del programa y estamos trabajando en incorporar cárceles privadas”, aseguró el mandatario, en declaraciones en radio Mitre. Como ejemplo, Milei consideró como uno de los casos de los penales cuyos terrenos podrían ponerse bajo venta eran los de la cárcel de Devoto, ubicada en ese barrio porteño.

La situación de superpoblación es aún más grave en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, administradas por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que tiene bajo su órbita 12 complejos penitenciarios.

Mientras que el cupo es de 26.876 plazas la cantidad alojada en los 74 establecimientos del SPB prácticamente duplica ese valor: hay 53.022 detenidos, de acuerdo a los últimos datos de marzo relevados por la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo público autónomo y autárquico bonaerense que promueve políticas públicas de memoria, derechos humanos y prevención de la tortura. Al analizar el detalle por centro de detención, hay superpoblación en el 80% de los casos.

La peor situación se da en la Unidad Penitenciaria 42 de Florencio Varela, que tiene un cupo para 294 personas pero aloja a 1.120 presos. Algo similar ocurre en las unidades 31 y 32 del mismo distrito, del mismo modo que en la Unidad 43 de La Matanza y la 35 de Magdalena.

Al hacinamiento se suma el deterioro de las condiciones de detención. La infraestructura de muchas unidades penitenciarias es antigua y está deteriorada, lo que agrava los problemas de habitabilidad y acceso a servicios básicos. Los reclamos sobre la falta de atención médica adecuada, alimentación insuficiente, la violencia intramuros, y otras violaciones a los derechos humanos han generado numerosos pronunciamientos judiciales, así como informes negativos de organismos de control de la situación penitenciaria, y de derechos humanos, como los de la CPM.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander