En línea con el pedido de la titular de la Fiscalía Nacional de Menores N°2, María Eugenia Sagasta, el responsable del Juzgado N°4 del mismo fuero, Enrique Gustavo Velázquez, elevó a juicio la investigación seguida contra una adolescente de 17 años y otras cinco personas acusadas de conformar una asociación ilícita que captaba a sus víctimas a través de aplicaciones de citas, las drogaba y despojaba de sus pertenencias en domicilios de la Capital Federal.

La representante del Ministerio Público Fiscal había requerido que los dos hombres organizadores de la banda y las cuatro mujeres que la integraban, vayan a juicio como coautores de los delitos de asociación ilícita, robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, defraudación mediante el uso de una tarjeta de débito -en grado de tentativa- y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro -reiterado en dos oportunidades- y todos agravados por la participación de una persona menor de edad.

Los integrantes de la banda resultaron detenidos en su totalidad, a excepción de una de las acusadas, pareja de uno de los organizadores, quien quedó procesada sin prisión preventiva por facilitar su teléfono celular para planificar y cometer los hechos.

El caso

En abril de 2024, un hombre de 50 años denunció en la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad que fue víctima de un robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”. En su denuncia, la víctima indicó que conoció a una mujer a través de la aplicación de citas Badoo, que luego intercambiaron mensajes a través de WhatsApp, y finalmente concertaron un encuentro personal.

El encuentro tuvo lugar en un bar del barrio porteño de Recoleta y, al cabo de unas horas, se dirigieron a la vivienda del hombre, en el barrio de Palermo donde, le colocó un somnífero en la bebida que hizo que se durmiera. En ese contexto, la joven les flanqueó la entrada a dos cómplices y sustrajeron documentación personal del hombre, tarjetas bancarias, 1.500 dólares, 50 mil pesos, un reloj, una cámara de fotos, tres teléfonos celulares y otras pertenencias.

Inicialmente, la investigación había recaído en la Fiscalía Nacional en lo y Correccional N°3, a cargo de Marcelo Roma. Sin embargo, al determinarse que la mujer que concurrió a la cita era una adolescente de 17 años, se declinó competencia y se dio intervención a la Fiscalía Nacional de Menores N°2.

La fiscal Sagasta le encomendó a la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, una serie de tareas de investigación que permitieron identificar a la imputada de 17 años, quien ofrecía para la venta, en redes sociales, algunas de las pertenencias sustraídas a la víctima.

La representante del Ministerio Público Fiscal requirió que vayan a juicio como coautores de los delitos de asociación ilícita, robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, defraudación mediante el uso de una tarjeta de debito -en grado de tentativa- y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro -reiterado en dos oportunidades- y todos agravados por la participación de una persona menor de edad.

En ese contexto, la representante del MPF solicitó autorización al juez Velázquez, quien subrogaba el Juzgado Nacional de Menores N°4, para realizar una “compra controlada” y así, el 31 de julio de 2024, se detuvo a la adolescente en un outlet de Barracas. A la acusada se le secuestró su teléfono y se efectuó su apertura in situ. El análisis del teléfono evidenció que la joven intervino en el hecho y que, junto a otras cinco personas, integraba una organización que se dedicaba a la planificación y perpetración de hurtos, robos y defraudaciones.

La labor desarrollada por la fiscalía y el personal policial abocado a la investigación permitió que, en solo tres meses, se identificara a los integrantes de esta organización criminal como los responsables de una serie de hechos previos que estaban sin esclarecer, tales como hurtos de objetos en vehículos estacionados -a los que accedían con el uso de inhibidores de señal-, violación de domicilios, defraudaciones con tarjetas sustraídas previamente en otros robos y hurtos, y la obtención de líneas telefónicas -a través de identidades falsas- que usaban para cometer los delitos.

A pedido de la fiscalía, el juez dispuso la intervención de las líneas telefónicas de las personas sospechadas y el allanamiento de una serie de domicilios en el barrio Zavaleta (Villa 21-24), donde se encontraron pertenencias sustraídas a la víctima, blísteres de sustancias usadas como somníferos como clonazepam y midazomal, teléfonos celulares descartables, tarjetas SIM de distintas compañías telefónicas con titularidades apócrifas, cuatro cajas de guantes de nitrilo negro y otros elementos de interés para la investigación.

Así, el 3 de agosto de 2024, se apresó a uno de los presuntos organizadores y su pareja -acusada de integrar la banda-, en su domicilio del barrio Zavaleta mientras que, tres días después, se detuvo al segundo supuesto organizador. El 14 de noviembre detuvieron a otra integrante de la organización y, una quinta persona quedó sujeta a la investigación, pero en libertad ya que no contaba con antecedentes penales.

A su turno, el juez Velázquez dispuso el procesamiento con prisión preventiva de los dos organizadores y los tres integrantes de la organización y, sin prisión preventiva, para la pareja de uno de los organizadores, todos ellos, por los mismos delitos por los que ahora fueron requeridos a juicio.

La decisión fue recurrida, oportunamente, por las defensas de las personas imputadas. Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional la confirmó.

En virtud de ello, ayer se formalizó la clausura del sumario y, a pedido de la fiscalía, se elevó a juicio la investigación, para la celebración del debate ante un Tribunal Oral de Menores.