Los allanamientos fueron librados el martes por el fiscal Garganta y el juez de Garantías Juan Pablo Masi, quienes tienen en el foco de su investigación los presuntos beneficios que se habrían otorgado a una empresa a cargo de las fotomultas en cinco municipios de la provincia de Buenos Aires.

Precisamente, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), es una asociación civil que agrupa a pequeñas y medianas empresas del sector, con 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana.

Esa empresa fue allanada por el fiscal Garganta, quien estableció que desde el 3 de enero de 2022 efectuó fotomultas irregulares, con cámaras que no tendrían autorización para funcionar. Además, los investigadores judiciales sospechan que en la provincia de Buenos Aires funcionan 1404 cámaras para registrar infracciones, entre fijas, en semáforos y móviles, de las que 155 fueron provistas por la empresa CECAITRA.

En el expediente se probó además que, para que una cámara funcione, el Ministerio de Transporte debe entregar certificaciones técnicas y administrativas. Pero sería en esa acción, que la empresa bajo sospecha presentaría ciertas desavenencias documentales y probatorias. 

Ante el fiscal dio su testimonio, el propietario de la empresa Safety Vial, Matías Germán Trejo, que según señaló, del mismo modo que lo hace CECAITRA, suministra equipos para el control de tránsito. El testigo afirmó que las infracciones de tránsito producidas por la empresa CECAITRA “siempre tramitaban a una velocidad mucho mayor que la del resto de las empresas proveedoras”, según se informó en tribunales.

En ese contexto, el testigo Trejo detalló que las infracciones que registraban las cámaras de seguridad de su empresa recibían “observaciones o tenían demoras y que, por el contrario, las de CECAITRA se tramitaban a una velocidad mayor que el resto”.

En lo formal, las infracciones enviadas por las empresas de las cámaras de seguridad deben ser validadas por la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial del Ministerio.

La fiscalía cuenta con otros testimonios de similar característica. Y que dan cuenta de la misma modalidad. El ex ministro de Transporte, D´Onofrio, está apuntado en dos causas que tramitan en forma paralela. En la primera es la ya mencionada por los negociados con las fotomultas y un grupo de gestores, mientras que otra de las actuaciones judiciales se lo sindica por presunto lavado, donde aparecen cuestionados los contratos de las VTV que se labraron durante su mandato en el ministerio.