La muerte de Cristian Migliaro, afiliado del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), desató una fuerte polémica en la provincia de Buenos Aires. Su familia acusa a la obra social y al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, de haber ignorado durante semanas los pedidos de traslado a un hospital con capacidad para tratar su cuadro, lo que habría sido determinante en el trágico desenlace.

Desde el 13 de agosto, su hija Cintia comenzó a pedir formalmente la derivación a un hospital de La Plata. Ante la falta de respuestas de IOMA, incluso llegó a escribirle directamente a Kreplak por redes sociales: “Necesitamos que se haga el traslado urgente a un hospital especializado en traumatología. No podemos seguir esperando”, le suplicó.

La respuesta del ministro fue pedirle que enviara los datos por correo electrónico. Días después, un trabajador del IOMA se comunicó con la familia, pero el traslado jamás se concretó. Recién dos semanas más tarde le practicaron una resonancia que confirmó la urgencia de una cirugía medular. Sin embargo, la operación nunca llegó.

“Hace dos semanas que estamos con Cristian de acá para allá. Es un trabajador que pagó IOMA toda la vida. Exigimos que alguien se haga cargo”, reclamaban sus familiares en los últimos días.

El pasado sábado, neurocirujanos les informaron que podían intervenirlo, pero había que esperar que se estabilizara con oxígeno asistido. Finalmente, Cristian falleció este fin de semana, sin haber recibido la atención que necesitaba.

Un patrón de abandono

El caso de Migliaro no es aislado. En junio, el policía jubilado Saúl Roseta denunció que IOMA le hizo pagar $300 mil por una ambulancia de urgencia para trasladar a su madre, monto que aún no fue reintegrado. “Mi mamá aportó durante 40 años y murió así. Es injusto estar en IOMA durante casi media década y no recibir absolutamente nada”, declaró entonces.

La indignación de los afiliados crece y se multiplica en redes sociales, donde decenas de usuarios comparten historias similares de abandono y falta de respuestas. El reclamo central apunta a la falta de un sistema que garantice el derecho básico a la salud y a la responsabilidad política de sus autoridades.

Mientras tanto, el silencio oficial contrasta con la bronca de quienes sienten que la obra social, lejos de cuidarlos, los deja librados a su suerte.