21 de enero de 2026
Emma Virginia Creimer: cuando la pericia se convierte en militancia.
La perito Emma Virginia Creimer volvió a denunciar una supuesta censura mediática.
Sin embargo, lejos de tratarse de un intento de silenciarla, las críticas apuntan a su rol profesional, a su exposición pública y a la utilización de la pericia como herramienta de construcción de relato en causas judiciales de alto impacto.
La perito Emma Virginia Creimer volvió a exponerse públicamente denunciando una supuesta censura por parte de un medio de comunicación. No es la primera vez que recurre a ese recurso: cada cuestionamiento a su labor profesional es rápidamente presentado como un ataque personal o una operación para silenciarla. Sin embargo, la realidad es otra y merece ser dicha con claridad.
Creimer no es una víctima de censura. Es una perito judicial cuestionada, cuya actuación en causas sensibles ha sido discutida en expedientes, en debates orales y en sentencias. En un Estado de Derecho, criticar el desempeño de un perito no solo es legítimo, sino necesario, especialmente cuando sus informes tienen impacto directo en imputaciones, prisiones preventivas y condenas sociales anticipadas.
Lejos del perfil técnico que debería caracterizar a un auxiliar de la Justicia, Creimer ha construido un rol protagónico y mediático, donde la exposición pública, los posicionamientos políticos y los relatos cerrados parecen pesar más que el rigor metodológico. Su reiterada autoproclamación como referente excluyente del Protocolo de Minnesota no la exime del control judicial ni del escrutinio público.
En más de una causa, sus pericias fueron refutadas, relativizadas o directamente desarmadas en el marco de juicios orales que concluyeron con absoluciones. Estos antecedentes desmontan el mito de la pericia infalible y dejan al descubierto un problema más profundo: la utilización de informes técnicos como herramientas de construcción de sentido antes que como instrumentos de verdad.
Otro aspecto que genera fuertes cuestionamientos es la selectividad de responsabilidades. En investigaciones donde el foco recae sistemáticamente sobre integrantes de fuerzas de seguridad, resulta llamativa la exclusión de otros actores que formaban parte del mismo escenario fáctico, incluidos intereses privados y empresariales. La pericia no puede ser un reflector que ilumina solo a quienes conviene señalar.
Cuando una perito se coloca por encima de toda crítica, desacredita a jueces, defensores, colegas y medios, y responde con denuncias de “escrache” o persecución, el problema deja de ser comunicacional y pasa a ser institucional. La pericia no es dogma, y el perito no es militante.
Las causas judiciales no necesitan héroes ni villanos prefabricados. Necesitan pruebas sólidas, métodos verificables y profesionales dispuestos a rendir cuentas. Cuando la pericia se transforma en un acto de fe y el perito en una figura intocable, el riesgo es grave: que la justicia quede subordinada al relato.
No se trata de defender imputados ni de justificar delitos. Se trata de algo mucho más elemental y, a la vez, más exigente: verdad y justicia reales, sin blindajes mediáticos, sin operaciones y sin convertir a los auxiliares judiciales en actores políticos con micrófono propio.
En una República, nadie —ni siquiera quien se presenta como garante de los derechos humanos— está exento de ser criticado por su actuación pública.
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