Sábado 7 de Junio de 2025

2 de julio de 2021

Denuncia estar preso ilegalmente hace nueve meses para silenciarlo y que ahora quieren asesinarlo

Un entramado judicial en el que intervinieron casi todas las autoridades que pertenecen a variadas instancias penales de la ciudad de La Plata está a punto de ebullición a partir de la denuncia de un hombre que dice estar preso ilegalmente hace nueve meses para silenciarlo y que, además, ahora quieren asesinarlo.

“Lo más agravante de todo es que, además de estar preso para silenciarme, la Justicia declaró mi insanía mediante el Artículo 34 inciso 1 del Código Penal y entonces pregunto: ¿Por qué sigo preso?”.

De esta manera, el preso en cuestión, Daniel De Olivera, planteó su situación judicial. Desde hace unos meses, está alojado en la Unidad Penal Nro 34 de Melchor Romero, en La Plata. Allí están las personas que son declaradas “inimputables”.

Según De Olivera, la insanía (trastorno o perturbación de las facultades mentales) le fue declarada luego de varias denuncias que él mismo presentó en varios estrados judiciales para que se investigue la presunta complicidad de jueces, fiscales, funcionarios municipales, escribanos y abogados de La Plata en delitos de lesa humanidad. La respuesta a esas presentaciones fue que lo señalaron como un “denunciante compulsivo”.

La gravedad de su actual situación la trasladó a la Asesoría de Incapaces, la que a su entender “no me defiende”.

Ante los hechos sucedidos, De Olivera planteó una solución inmediata: su salida y traslado a la Clínica Privada San Juan, para su tratamiento, dado la declaración de insanía dispuesta.

Hace pocos días, el detenido presentó un recurso de habeas corpus “en el marco de la causa armada para silenciarme” –según escribió en el encabezado del mismo- ante la Cámara de Casación Penal de La Plata, a la que le señala que “jamás me dieron mi libertad y tratamiento físico y mental que humanamente me merezco”.  

“Con el mayor de los respetos, esto no es abuso de autoridad, negligencia o   persecución judicial; esto es venganza corporativa, omisión de los deberes de funcionario público”, expresó en su presentación.

En tal sentido, De Olivera manifestó que “peritos psiquiatras con prestigio informaron y recomendaron mi internación en una clínica para rehabilitarme”. Además, destacó que los servicios de la clínica privada “ya fueron pagados con reserva de prioridad de cama”

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