La medida fue dictada por el juez federal Santiago Inchausti, en el marco de una causa impulsada por la Fiscalía Federal 1 de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri.

De acuerdo con lo informado por el sitio institucional www.fiscales.gob.ar, la causa comenzó luego de una denuncia realizada por una abogada que preside una asociación que defiende los derechos de personas LGBTI, y que había recibido una serie de mensajes amenazantes por la aplicación Whatsapp desde un número desconocido, en mayo pasado.

A partir de las primeras medidas realizadas por la fiscalía interviniente, se estableció que la línea telefónica desde la que se realizaron las amenazas había sido registrada a nombre de la mujer a la que la abogada defendía en una causa por violencia de género.

La víctima había denunciado a su pareja, exmiembro de la Policía bonaerense, en marzo pasado en el fuero provincial.

A raíz de las amenazas, se dispusieron medidas de seguridad sobre la letrada y su núcleo familiar, reforzadas luego a pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Al mismo tiempo, la fiscal Mazzaferri comunicó los avances del caso a los jueces provinciales, para que profundizaran las medidas de protección hacia la víctima de violencia de género, y de esta manera lograr una actuación coordinada con la Justicia ordinaria.

Según el fallo del juez Inchausti, el objetivo de las amenazas del expolicía era que la abogada no ejerciera sus funciones como representante legal de su expareja.

Además, el imputado realizaba distintas actuaciones contra su expareja “como método de dominación en el marco del círculo de violencia”, y, entre otras cosas, puso a nombre de la víctima gran cantidad de armas y bienes, registró líneas telefónicas bajo su titularidad y creó correos electrónicos con su nombre.

En ese sentido, la línea desde la cual se realizaron las amenazas había cambiado de titularidad un día antes del hecho y se fijó a nombre de la mujer.

Luego de identificarlo como autor de las amenazas se realizaron distintos allanamientos en domicilios del entorno del acusado, en los cuales se secuestraron armas de fuego, 2.586 municiones, una carabina, un silenciador, una mira holográfica táctica y los documentos de identidad de la mujer y del hijo de ella.

“De todo ello se deriva que las amenazas infundidas sumado a las circunstancias personales del imputado (ex funcionario de fuerzas especiales) con el material incautado hacen a todas luces que dichas amenazas sean serias e infundan miedo por la integridad de las amenazadas”, señaló el magistrado.

Además, Inchausti recalcó que el imputado “cuenta con un entrenamiento físico, que le permitiría cumplir agresiones sobre la persona de las víctimas, también que tiene conocimiento en el uso de armas y acceso a estas, asimismo que cuenta contactos y medios necesarios para sustraerse del accionar de la justicia”.

Finalmente, el juez procesó con prisión preventiva al expolicía, que había estado prófugo, y le trabó un embargo de un millón de pesos con el objetivo de “garantizar la pena pecuniaria, la responsabilidad civil y penal que pudiere caberle y reparación de las víctimas”.