A instancia de una investigación del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, la jueza de Garantías N°2, Mariela Giménez, hizo lugar a la imputación penal requerida por el fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos contra tres acusado de integrar una organización narcocriminal que se dedicaba a la obtención de drogas desde Bolivia y las trasladaba al sur del país.

La acusación fiscal fue formulada en la audiencia de formalización de la investigación penal, celebrada el viernes pasado ante la jueza Giménez, quien declaró legal la detención de los acusados, identificados como Armando Martín Escalante, su hermano Rubén y Catalina del Valle Peralta, a quienes se le imputó el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

Al presentar el caso, el fiscal -asistido por el investigador Pablo Carraro- sindicó a Armando Escalante como el líder de la organización, ya que de las evidencias reunidas se estableció el preponderante rol que tenía sobre el resto y porque incluso se verificaron viajes que había realizado a Bolivia a fin de negociar la adquisición de cocaína.

En virtud del peso de la acusación, las pruebas reunidas y la evaluación de los riesgos procesales, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de los tres acusados. El planteo fue aceptado por la jueza, luego de que se tratara del principal punto de debate de la audiencia, pues el sindicado jefe de la organización es no vidente y presenta además una patología delicada que le demanda ciertos cuidados sanitarios.

En efecto, al momento del hecho Armando Escalante gozaba del beneficio de arresto domiciliario para el cumplimiento de una pena de 5 años y 6 meses de prisión, dispuesta en un acuerdo de juicio abreviado homologado el 2 de agosto de 2022 por el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, quien lo condenó como coautor del delito de transporte de estupefacientes.

El fiscal sugirió que la tarea de asistencia permanente del imputado con discapacidad y con problemas de salud puede ser cumplida por su hermano, quien estará detenido en el mismo pabellón del Complejo Penitenciario del NOA.

Una vez identificados los acusados, el fiscal explicó que la captura derivó de las pesquisas preliminares que tenían como principales objetivos a Escalante y Peralta. Indicó que los nombres surgieron de una investigación que personal de Gendarmería Nacional realizaba en torno a una organización que obtenía la droga en la frontera y la trasladaba al sur del país.

En esa hipótesis, narró el fiscal, Escalante aparecía como la persona que llevaba adelante las negociaciones para abastecerse de droga. Las acciones incluían viajes a Bolivia, para luego coordinar y dirigir el traslado del tóxico a la ciudad de Orán y, desde allí, a Salta.

El representante del MPF añadió que Escalante, junto a otro cómplice prófugo identificado como Víctor Sánchez, conformó una dotación de mochileros que cruzaban la frontera a la altura de la localidad de Aguas Blancas, en el límite fronterizo. Pese a su condición -sostuvo el fiscal- Escalante demarcó el itinerario que debían hacer los cargadores por el monte.

Precisó además que, del lado argentino, los mochileros (también llamados “caminantes”) dejaban la carga en una finca de la zona, donde pasaban a una etapa de “enfriamiento” hasta que nuevamente salían en tránsito hacia Salta. El fiscal sostuvo que la casa de Peralta, en Orán, también era utilizada para esa misma función.

“La gente está esperando”

Entre otras pruebas, la fiscalía expuso una serie de diálogos extraídos de escuchas telefónicas tomadas del teléfono celular de Escalante, quien aparece como la persona que coordinaba los viajes de los mochileros hacia Argentina.

En efecto, el viernes 3 de mayo -narró el fiscal- Escalante acordó reunirse con Sánchez en un lugar no determinado del paraje “El Orejón”, en Bolivia, donde iban a recibir un cargamento de 49 kilos de cocaína y coordinar su ingreso a este país.

El representante del MPF agregó que esta pista se robusteció con un dialogo que ambos mantuvieron posteriormente, en el que Sánchez describe la carga: “Hay de esos y también hay de grises”. La afirmación motivó la autorización judicial para ordenar la modalidad de escuchas directas, que permitieran interceptar a los acusados y neutralizar el transporte.

El fiscal citó los mensajes interceptados el lunes 6 de mayo, en el que Sánchez le confirmó a Escalante la entrega: “Esta tarde te entrego”, le dijo. En respuesta, el líder de la organización, le respondió: “Sí, porque la gente ya está esperando”.

“No puede utilizarse la salud como motivo para sustraerse de su responsabilidad ante el Estado”, afirmó la jueza, quien, no obstante, ordenó el traslado del acusado al hospital local, a fin de que se le practique un control integral y, si amerita, se lo interne.

Explicó que, posteriormente, los imputados dejaron de comunicarse, por lo que no se pudo establecer el lugar exacto del encuentro, aunque sus movimientos estaban siendo vigilados. Ello, precisó, permitió establecer la presencia de Rubén Escalante el martes por la tarde, cuando circulaba por las calles de la ciudad de Orán al volante de un utilitario Renault Kangoo.

El fiscal relató que el imputado siguió el diagrama armado por su hermano y llegó hasta la calle Corrientes, entre Alberdi e Independencia, donde se detuvo junto a un vehículo Chevrolet Spin, estacionado en el lugar. Allí bajó y sacó del asiento trasero una mochila, con la cual se dirigió al vehículo, momento en que el conductor descendió para recibir la carga.

Explicó que, en ese momento, personal de seguridad, tanto del Grupo Operativo Conjunto del NOA como de la Unidad de Procedimientos Judiciales de Orán de la Gendarmería Nacional detuvieron a Rubén Escalante, quien arrojó la mochila al suelo e intentó sin éxito darse a la fuga. Por el contrario, el receptor logró subir al coche y huir.

Narró que, con el control judicial correspondiente, las fuerzas de seguridad requisaron el utilitario, donde encontraron otra mochila, que contenía 20 paquetes de droga, al igual que la arrojada al suelo. Otro paquete más fue hallado dentro de la guantera, junto a un teléfono celular y la documentación vehicular. En total, se estableció un peso de 49 kilos y 672 gramos de cocaína.

El fiscal precisó que, con el secuestro de la droga, avanzó con una serie de allanamientos. El primer domicilio registrado fue el del jefe de la organización, quien fue detenido. Allí también se incautaron evidencias de interés para el caso. Otros de los inmuebles allanados fue el de Peralta, quien fue detenida. Su participación, según lo expuesto por la fiscalía, surgía de una serie de conversaciones que había mantenido con Escalante, en cuya casa trabajaba como empleada doméstica.

La fiscalía obtuvo evidencias de que la mujer también prestaba su casa para el acopio de droga, como surgió de llamados que mantuvo con el jefe de la organización, en los que este último manifiesta tener “dificultades para guardar algo”, le solicita a Peralta hacerlo en su casa y recibe su consentimiento.

El MPF aportó la identidad del hombre que iba a recibir la droga y que logró escapar a través de la verificación del auto que conducía, y solicitó su captura nacional e internacional, como también la de Sánchez.

Por su parte, la defensa de los tres imputados no presentó objeciones respecto de la acusación y los acusados optaron por no prestar declaración. La jueza Giménez declaró la legalidad de las detenciones, pues no ser advirtió ninguna irregularidad al respecto.

Prisión preventiva

Al momento de evaluar las medidas de coerción, la fiscalía tuvo en cuenta la situación de Peralta, quien tiene tres hijos menores a cargo, por lo que “ante el interés superior del niño” accedió a que la mujer cumpla la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario. Una postura contraria mantuvo respecto a los hermanos Escalante.

Entre los argumentos esgrimidos, la fiscalía resaltó la imposibilidad de evaluar una morigeración del cumplimiento carcelario de la medida, ya que la escala penal del delito imputado no admite la chance de ejecución condicional de una pena en expectativa.

La fiscalía expuso una serie de diálogos extraídos de escuchas telefónicas tomadas del teléfono celular de Escalante, quien aparece como la persona que coordinaba los viajes de los mochileros hacia Argentina.

Destacó asimismo la envergadura de la maniobra y la naturaleza del hecho, la inversión puesta de manifiesto en la contratación de un grupo de mochileros, el riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecimiento del proceso, ya que aún resta detener a dos integrantes de la organización que se encuentran identificados y no descartó la posible participación de otros.

En cuanto a la situación de Armando Escalante, la fiscalía resaltó su antecedente condenatorio por un transporte de 26 kilos de cocaína. “Este hecho, por sí solo, demuestra que su permanencia en una medida restrictiva inferior a la detención carcelaria no surtiría efecto, pues su nueva incursión delictiva demuestra que no supo aprovechar el beneficio otorgado en su momento”, indicó el fiscal.

Agregó que, de acceder nuevamente a esta modalidad de detención, es muy factible que el imputado ponga en aviso a los otros implicados. “Casi idéntica es la situación de su hermano Rubén. Si bien, carece de antecedentes, la gravedad del hecho, el perjuicio del bien jurídico protegido y la peculiaridad de que conoce la zona de frontera hacen más factible la posibilidad de sustraerse de la justicia, como así también dar aviso a otros cómplices”, explicó.

La defensa, en tanto, se opuso a la prisión efectiva de Armando Escalante, dada su situación de no vidente y su estado de salud: presenta una herida quirúrgica en la región supraumbilical abierta y colostomía izquierda con bolsa de descarga, además de patología por tuberculosis, sin tratamiento.

Ante estos antecedentes médicos, la defensa insistió en mantener el arresto domiciliario de Escalante. Fundó su posición en certificados médicos de distintos profesionales que examinaron al acusado tras su detención, en los que no se recomendaba que siga alojado en dependencias de la Gendarmería Nacional.

Descartó también el alojamiento de su defendido en la Unidad Carcelaria del Complejo NOA III, propuso la aplicación de una pulsera electrónica y, hasta tanto, instó a que se disponga una consigna fija y controles sorpresivos.

La fiscalía, en tanto, insistió en que Escalante quede detenido. Reconoció las certificaciones médicas aludidas, pero dejó en claro que se refieren a la situación de encierro del acusado en dependencias de la Gendarmería. No obstante, a partir de comunicaciones con el área médica de la cárcel federal del NOA, donde conocen la situación de Escalante, surgió la necesidad de una nueva evaluación sanitaria, a fin de determinar si ese complejo está en condiciones de asistir al imputado.

“Carné para cometer delitos”

En función de ello, el fiscal pidió un nuevo examen por parte de los profesionales de la cárcel, quienes necesitan primero que el acusado ingrese en calidad de interno.

“Es importante que hagamos ese esfuerzo, ya que, de lo contrario, pareciera que estamos dando un carné para cometer delitos, pues el acusado sabe que tiene asegurado el arresto domiciliario", destacó el fiscal y remarcó que esta es la segunda vez que comete el mismo delito y la prisión domiciliaria "no contiene de modo alguno su posibilidad de fuga y entorpecimiento".

Recalcó que Escalante “ya estaba en esas condiciones; sin embargo, no sólo cometió un nuevo delito, sino que dirigió la maniobra de tráfico”. En relación al argumento de la defensa de que el imputado no puede valerse por sí mismo y que su asistencia estaba a cargo de su hermano también detenido, el fiscal aclaró que ambos no vivían juntos, puso en dudas esa dependencia y añadió que, en todo caso, la situación amerita un informe ambiental.

“De la misma manera que este tribunal tiene que equilibrar la preservación de salud del acusado, también debe hacerlo respecto a la obligación que tiene el Estado argentino a fin de que estos delitos no queden totalmente impunes”, concluyó la jueza.

Toranzos desechó, a su vez, la posibilidad de la pulsera electrónica y los controles de las fuerzas de seguridad por inviables, pues la provisión del dispositivo exige varios requisitos, entre ellos la conectividad con wifi, mientras que una consigna fija no impide que el acusado, dentro de la casa y con un teléfono, entorpezca la investigación.

Al momento de resolver, la jueza resaltó los riesgos procesales aludidos por la fiscalía y, en ese orden, rechazó el pedido de la defensa respecto a Escalante y dictó la prisión preventiva de los tres acusados. Solo en el caso de Peralta dispuso la modalidad de arresto domiciliario.

La magistrada señaló respecto de Armando Escalante que “su estado de salud no imposibilitó el haber seguido con en este tipo de delitos”. Sostuvo que analizó su situación de salud y que descartó que “este tribunal sea desaprensivo” con el mismo, pero “la circunstancia objetiva de su comportamiento, tanto en el proceso anterior como en este, hace que el riesgo (de entorpecimiento) sea mucho mayor”.

“No puede utilizarse la salud como motivo para sustraerse de su responsabilidad ante el Estado”, afirmó la jueza, quien, no obstante, ordenó el traslado del acusado al hospital local, a fin de que se le practique un control integral y, si amerita, se lo interne. A su vez, dispuso que el Servicio de Atención Médica del complejo penitenciario evalúe el caso y determine si puede brindarle la asistencia requerida.

“De la misma manera que este tribunal tiene que equilibrar la preservación de salud del acusado, también debe hacerlo respecto a la obligación que tiene el Estado argentino a fin de que estos delitos no queden totalmente impunes”, concluyó la jueza.

Su decisión, sin embargo, fue impugnada por la defensa, razón por la cual el asunto fue tratado este lunes por la Sala I de Revisión, integrada por los jueces Santiago French, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Ernesto Solá, quienes ratificaron de plano lo resuelto por la jueza de grado.

Ante los jueces de Revisión, la defensa insistió en que las instalaciones de la Gendarmería no eran aptas para alojar al acusado. También resaltó la necesidad de asistencia permanente, para lo cual propuso a una hermana del imputado.

Sus argumentos, sin embargo, fueron nuevamente rebatidos por la fiscalía, que presentó un nuevo informe médico que da cuenta que el detenido no tiene infecciones u otras dolencias en la herida abierta. Respecto a la asistencia permanente, el fiscal sugirió que la tarea puede ser cumplida por su hermano, quien estará detenido en el mismo pabellón, en el Complejo Penitenciario.

Al expedirse, los jueces coincidieron en que el reclamo respecto a las falencias en las dependencias de la Gendarmería ya no tenían peso, pues la jueza Giménez había ordenado el traslado del detenido al hospital y de allí a la unidad carcelaria, lo cual confirmaron.

Al margen de rechazar el planteo defensivo, los camaristas ordenaron que se extremen los cuidados del acusado por parte del Servicio Penitenciario Federal y afirmaron que el argumento de asistencia permanente necesaria para Armando Escalante “fue neutralizado” por la fiscalía al proponer al hermano, Rubén Escalante, como su asistente.