El Juzgado Federal N°3 de Mendoza, a cargo de Marcelo Garnica, dispuso el procesamiento con prisión preventiva de 18 exagentes de la policía mendocina y de un exjuez de esa provincia, en el marco de la causa por la desaparición forzada en 1990 de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, primer caso ocurrido en Argentina desde el retorno del Estado de derecho que arribó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Por otro lado, el juez Garnica dictó la falta de mérito del exfiscal provincial que intervino en el inicio del proceso. Todos los imputados habían sido detenidos el 21 febrero pasado durante una serie de allanamientos promovidos en forma conjunta por el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza (actualmente Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza), Fernando Alcaraz -en quien Garnica había delegado la investigación-, y por el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), Alberto Gentili, que interviene en el caso con su Área de Desaparición Forzada de Personas.

Los procesados, que además fueron embargados en sus bienes por 10 millones de pesos cada uno, son el exjuez Enrique Antonio Jesús Knoll Oberti y los expolicías provinciales Miguel Ángel Barahona Gutiérrez, Sergio Oscar Barrera Romero, Ángel Gustavo Bastías, Francisco Edgardo Bullones Prudencio, Néstor Ramón Falcón, Jorge Aníbal Flores Bizaguirre, Rubén Mauricio Funes Gianuzzo, Oscar Orlando Giuliano, Alberto Narciso Gordillo, Felipe Gerardo Machuca, Norberto Ernesto Mercado, Samuel Morales Valladares, Miguel Ángel Muñoz Gil, Manuel Antonio Nañez, Rolando Antonio Olarte Rivera, Jacinto Salvador Olmedo, Juan Carlos Sarandon, José Alberto Vega, quienes fueron considerados coautores del delito de desaparición forzada de personas, previsto en el artículo 142 ter del Código Penal.

El caso

En la causa se investiga lo sucedido el 28 de abril de 1990 entre las 15.00 y las 16.00, cuando Garrido conducía un automóvil Fiat 1500 rural acompañado de Baigorria por la rotonda de Monseñor Orzali del Parque General San Martín, en la ciudad de Mendoza, en dirección a Godoy Cruz. El vehículo en el que viajaban los dos hombres fue interceptado por efectivos de la Policía provincial frente a la Escuela Hogar “Eva Perón”. Baigorria y Garrido fueron vistos con vida por última vez en los calabozos de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia, donde además se los vio golpeados.

La causa tramitó en sus inicios en el fuero provincial hasta que, por el pedido de inhibitoria de la organización local de derechos humanos “Xumek”, pasó a la órbita federal a fines de 2017 para que se investigara el caso como desaparición forzada de personas.

Una vez asumida la competencia, el juez federal Garnica delegó la investigación el 9 de febrero de 2018 en el Ministerio Público Fiscal, representado por la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Alcaraz.

Con la investigación a su cargo, la fiscalía federal realizó un análisis pormenorizado de la causa y de la documentación existente para elaborar una hipótesis acusatoria que permitiera definir líneas de trabajo determinadas. En ese marco llevó a cabo diversas medidas: en primer lugar, tomó contacto con los familiares de las víctimas y dispuso una audiencia para informarles que la causa había pasado al fuero federal y los motivos de ese cambio de radicación. De conformidad con lo establecido por la Ley 27.372, de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, la fiscalía dio intervención a las profesionales de la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Malena Derdoy, quienes llevaron a cabo más de 270 intervenciones.

La fiscalía analizó también la totalidad de la documentación incorporada en la causa, entre la que destacan los libros de novedades de la época de las distintas dependencias policiales que habrían intervenido en los hechos investigados, además del expediente que tramitó en el fuero provincial por “averiguación de paradero”.

Analizó asimismo más de 150 declaraciones testimoniales brindadas tanto en el juzgado provincial como las vertidas en el marco de la actuación de la Comisión Ad hoc de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que intervino en 1996.

De esa forma, identificó aproximadamente 40 declaraciones de relevancia y, en función de ello, dispuso citar nuevamente a esos testigos a fin de que ratifiquen, rectifiquen y/o amplíen lo que habían declarado oportunamente. Producto del paso del tiempo resultó dificultoso ubicar a muchos de ellos.

La causa tiene trascendencia internacional para el Estado argentino, ya que fue el primer caso de desaparición forzada perpetrado tras la restauración democrática que arribó a un tribunal internacional. En efecto, el 2 de febrero de 1996 la Corte IDH falló de forma unánime y tomó nota del reconocimiento del Estado de su responsabilidad en los hechos denunciados. Desde entonces, el tribunal realiza un seguimiento en el marco de la supervisión de sentencias, dado que no se había investigado a los responsables de las desapariciones ni tampoco se han hallado los cuerpos o restos de Garrido y Baigorria.

En este sentido, el procesamiento de los investigados implica un avance significativo no solo en el ámbito judicial interno sino también en el plano internacional. En octubre de 2022, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, se había reunido con una comitiva especial de la Corte IDH para abordar los avances de la causa hasta ese momento.

A través del Programa Nacional de Recompensas, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece 5 millones de pesos para quienes puedan aportar datos para encontrar los restos tanto de Garrido como de Baigorria.