Miércoles 2 de Octubre de 2024

2 de octubre de 2024

Marcha federal universitaria: 5 claves del conflicto por el presupuesto educativo

La caída de los salarios docentes y el desmantelamiento del sistema científico figuran entre los principales reclamos de la movilización que se realizará hoy. Mientras el presidente se prepara para vetar la ley de financiamiento, se profundiza la confrontación con las casas de estudio

>Pasaron 162 días desde la primera Marcha Federal Universitaria, que el pasado 23 de abril movilizó en todo el país a estudiantes, egresados, docentes y familias en contra de los recortes al presupuesto para la educación superior. Aquella marcha consiguió que, en mayo, el Gobierno nacional aprobara una actualización del 270% en los gastos de funcionamiento, así como un 300% en los fondos para los hospitales universitarios, en línea con la inflación acumulada desde 2023.

De esos cuatro puntos, las universidades plantean que solo el primero se resolvió. La situación del segundo –la caída salarial– no encontró solución, pese a que la paritaria universitaria mantuvo reuniones periódicas. En septiembre, el Congreso aprobó la ¿Cómo se llegó hasta acá? ¿Por qué no pudo resolverse la situación del presupuesto universitario? A continuación, cinco puntos clave para entender la movilización de hoy, en el marco de un conflicto que signó los primeros diez meses del gobierno libertario.

Los salarios de docentes y no docentes tuvieron una pérdida de alrededor del 33% de su poder adquisitivo desde que asumió el nuevo gobierno, según un informe de las universidades nacionales de San Martín (UNSAM) y Río Negro (UNRN). Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024 los salarios universitarios tuvieron un aumento del 89,5%, pero en ese período la inflación acumulada fue de 153,1%, informó Conadu. Desde el Gobierno reconocen la caída, pero explican que está en línea con el retroceso general del salario real de los asalariados desde fines de 2023. Los salarios representan más del 90% del presupuesto universitario.

Uno de los reclamos del Frente Sindical de Universidades Nacionales (integrado por Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fatun y Fagdut) es que en 2024 los salarios universitarios evolucionaron 20 puntos por debajo del promedio de los empleados estatales. Según el Gobierno, esa brecha se resolvía con Aquel aumento ubicaba los salarios universitarios en “niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”, informó el ministerio. Pero los gremios lo rechazaron por considerarlo insuficiente; la negociación se retomará el próximo lunes 7 de octubre. El diálogo entre las partes permanece abierto, pese a que las acusaciones cruzadas fueron subiendo de tono, especialmente en los días previos a la marcha.

Según cifras oficiales, en Argentina 7 de cada 10 (69,5%) docentes del sistema universitario público tienen una “dedicación simple”, en torno a las 10 horas semanales. Por eso, desde el Gobierno cuestionan que se consideren esos salarios como referencia para plantear que Al comparar el salario de un profesor titular de dedicación exclusiva en Argentina con respecto a otros países de la región, se observa que los salarios universitarios en Argentina (medidos según el dólar financiero) son 3,7 veces más bajos que los de Brasil y apenas un tercio de los de Uruguay. A su vez, representan la mitad de lo que cobra un profesor con la misma categoría en Chile, Bolivia o Perú, La Ley de Financiamiento Universitario aprobada en septiembre establece que los fondos para el sistema de educación superior en 2024 deben acompañar la variación del índice de precios al consumidor (IPC). Tiene un artículo en el que se encomienda al Poder Ejecutivo “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional” entre diciembre y la sanción de la ley según “la variación acumulada de la inflación informada por el Indec durante dicho período”. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría “un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

Esta semana varios funcionarios del Gobierno nacional consideraron que la movilización será una Sin embargo, distintos relevamientos han mostrado que la preocupación por la situación de las universidades públicas trasciende ampliamente las banderas partidarias. La última Encuesta nacional de creencias sociales, elaborada en junio por el observatorio Pulsar de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, encontró que el 72% de los argentinos rechazan los recortes en educación (y otro 19% dice estar “poco de acuerdo”: apenas el 8% apoya el ajuste en este rubro). También es mayoritario el rechazo a los recortes en ciencia y tecnología (suma 85% entre quienes están “poco” y “nada” de acuerdo con recortar). En esa misma encuesta, el 88% se mostró a favor de reducir el gasto de la política.

El conflicto involucra a las 61 universidades nacionales. La semana pasada, los rectores nucleados en el CIN le pidieron al presidente Milei “que no prospere con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024 y reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025″. Argumentaron: “No hay en las universidades y en la ciencia un problema, allí descansa la posibilidad de encontrar una solución a los problemas que tenemos”.

El Gobierno nacional ha ido ampliando el repertorio de críticas al sistema universitario público. Los cuestionamientos, orientados a erosionar la confianza social en el sistema, se agudizaron en los últimos días. El presidente Javier Milei expresó varias veces la idea de que las instituciones educativas estatales (incluidas las escuelas) son lugares de adoctrinamiento. De hecho, una de las primeras medidas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez, fue habilitar una cuenta de correo electrónico para que los estudiantes denunciaran a sus profesores (o para denuncias entre colegas). Álvarez aseguró haber recibido muchas denuncias de “persecución ideológica” en las aulas.

Desde el Ministerio de Capital Humano describen al sistema universitario público como “El Índice de Transparencia de organismos estatales que elabora la Agencia de Acceso a la Información Pública –que no se refiere a la rendición de gastos sino a la accesibilidad de la información– tiene 3 universidades públicas (las de San Martín, Lanús y Quilmes) entre los 6 organismos estatales considerados más transparentes. Esas tres universidades nacionales, con más de 95 puntos en el índice (calculado sobre 100), superan en transparencia al Ministerio de Economía (en el puesto 7) y al Ministerio de Capital Humano (en el puesto 11). La UBA tiene 38,6 puntos en ese índice: una cifra más bien baja, pero superior por ejemplo a la de la Secretaría de Prensa (24,3), según los resultados del 2° trimestre de 2024.

En los últimos días, a estos cuestionamientos se sumó otro: desde la Secretaría de Educación “En vez de hablar de alumnos fantasmas, hay que ponerse a trabajar en una mesa y ver qué posibilidades hay de arreglar esto con lo que puede el Gobierno y lo que sostienen los gremios”, afirmó Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del CIN.

La crónica del conflicto universitario podría empezar hace poco más de un año, cuando los dos candidatos presidenciales que disputaron el ballotage acordaron postergar el debate del Presupuesto 2024. Ese acuerdo terminó implicando que se “recondujera” el presupuesto 2023 para 2024, tras una inflación récord de 211,4% el año pasado (la más alta desde 1990).

La magnitud de la movilización fue reconocida por algunos sectores del Gobierno, que la semana siguiente convocaron al rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, a una reunión con Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, y Carlos Torrendell, el secretario de Educación. Las negociaciones llevaron al aumento del presupuesto para gastos de funcionamiento, primero para la UBA y luego –tras un reclamo del CINSin embargo, quedaron al menos dos puntos claves sin saldar. Por un lado, la cuestión de los salarios de docentes y no docentes. Por el otro, la situación crítica del sistema de ciencia y tecnología. Esos reclamos motivaron una serie de paros nacionales y otras medidas de fuerza en las universidades. En septiembre, cuando el presidente Milei anunció con un tuit su intención de avanzar con un “veto total” a la Ley de Financiamiento Universitario para preservar el equilibrio fiscal, los principales actores del sistema anunciaron la movilización que se concretará hoy.

Si bien las universidades públicas vienen pidiendo “previsibilidad”, el panorama de los próximos meses se perfila incierto. El inminente veto presidencial eliminaría de la escena una eventual recomposición de los salarios en 2024. Sin embargo, los cálculos políticos también sugieren que el Congreso De cara al año que viene, las universidades ya denunciaron que el proyecto de Presupuesto 2025 profundiza el ajuste sobre el sector. Desde el propio Ministerio de Capital Humano reconocieron esta semana que el proyecto requerirá “reacomodamientos” en el Congreso. Los fondos proyectados para el año próximo ($3,8 billones) equivalen a Las autoridades de la Secretaría de Educación aseguraron que no están pensando en intentar transferir las universidades a las provincias –como circuló en los últimos días– ni con avanzar en propuestas de arancelamiento (aunque el Gobierno sí Desde las universidades advierten por un impacto de los recortes en el sistema científico, donde temen una nueva “fuga de cerebros”. Pero además, la preocupación por el financiamiento educativo alcanza no solo a la enseñanza en las universidades, sino también al sistema de educación obligatoria. Según un informe de CTERA, el Presupuesto 2025 implica que el recorte de los fondos nacionales será aún mayor en la educación básica que en el sistema universitario.

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