El Poder Ejecutivo sumó nuevos requisitos para acceder a la condición de refugiado al modificar por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 942/2024 la Ley N° 26.165 de Reconocimiento y Protección al Refugiado, motivado en la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado Nacional para prevenir la infiltración de personas que podrían realizar actividades ilícitas.

La norma, que se publicó este martes en el Boletín Oficial con la firma del Presidente Javier Milei y de todo el gabinete ministerial, agrega condiciones para el reconocimiento del carácter de refugiado en el país, destacándose que no será reconocida la condición a las personas extranjeras que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

• Relacionadas con Delitos Internacionales: cuando existan motivos fundados para considerar que han cometido: a) un delito contra la paz; b) un delito de guerra; o c) un delito contra la humanidad;
• Relacionadas con Delitos Graves cometidos antes de la Solicitud de Refugio: cuando, antes de ser admitidas como refugiadas en la REPÚBLICA ARGENTINA, hayan sido imputadas y/o condenadas fuera del país por un delito grave. Se considerará delito grave, a los contenidos en las siguientes situaciones;

1. estén tipificados en el Código Penal de la Nación o en leyes penales especiales con una escala penal que prevea un máximo superior a los DIEZ (10) años de prisión o reclusión;
2. afecten a la vida, la libertad, la integridad física o sexual de las personas, o se ajusten a los criterios establecidos en el artículo 8° de la presente ley;
3. afecten el patrimonio, siempre que hayan sido perpetrados con fuerza en las cosas, violencia o intimidación en las personas; o
4. sean realizados en el marco de la delincuencia organizada.

• Relacionadas con Actos Contrarios a los Principios de las Naciones Unidas: cuando hayan participado en actos contrarios a los fines y principios de las Naciones Unidas, establecidos en el Preámbulo y en los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, tales como:

1. participación en actividades terroristas;
2. violaciones graves de derechos humanos; o
3. cualquier otra acción que comprometa la paz y la seguridad internacionales.

• Relacionadas con la Incitación y Participación en Delitos: cuando hayan incitado, facilitado o participado activamente en la comisión de los delitos o actos mencionados en los incisos anteriores, en calidad de autores, cómplices, instigadores y/o facilitadores”.

En los considerandos de la norma se mencionan el aumento de las solicitudes en el último año así como también la lentitud del trámite utilizado provechosamente por las personas con algún delito dentro de nuestro país. “La falta de mecanismos ágiles y efectivos para evaluar y excluir respecto de la condición de refugiado a solicitantes con antecedentes penales que no cumplan con la definición de refugiado prevista en la Convención precitada o que posean vínculos con el terrorismo internacional impide la correcta protección de la comunidad argentina y debilita la confianza en el sistema de justicia”, se lee en la argumentación esgrimida por el Gobierno Nacional.

El Gobierno considera “imperativo ajustar el régimen de refugio para evitar que sea utilizado como herramienta para eludir la justicia y para que funcione eficazmente como un mecanismo de protección para quienes realmente lo requieran, sin comprometer la seguridad nacional, y dentro de plazos razonables en la duración de los procesos”.

Asimismo, se agregan motivos para quitar la condición de refugiado, esto es cuando la persona refugiada:

• Mediante actos inequívocos, se haya acogido voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad;
• Habiendo perdido su nacionalidad, la haya recobrado voluntariamente;
• Haya adquirido una nueva nacionalidad y disfrute de la protección del país de su nueva nacionalidad;
• Se haya establecido voluntariamente en el país de residencia habitual que había abandonado o fuera del cual había permanecido por temor a ser perseguida;
• Haya abandonado el territorio argentino y fijado su residencia en otro país, acogiéndose a su protección;
• No pueda continuar negándose a la protección del país de su nacionalidad, debido a que han desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, siempre que dicho cambio de circunstancias sea significativo y no de carácter temporal; o
• Careciendo de nacionalidad, pueda regresar al país de su anterior residencia habitual debido a que han desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada o apátrida.

Igualmente la condición no cesará si se pueden invocar razones imperiosas derivadas de la grave persecución que originalmente motivó su salida del país de residencia habitual o de nacionalidad, o si mantienen un fundado temor de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. 

Para finalizar, se dispone a la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) como el organismo de aplicación de la ley, facultada a decidir mediante resolución la aplicación de las cláusulas de cesación, detallando que a la persona cesada en su condición de refugiada “se le concederá un plazo razonable para dejar el país, o en su caso, para permanecer en el mismo bajo el estatuto legal que, bajo la normativa legal vigente, le pueda ser conferido en atención al grado de integración de él y su familia durante su permanencia en el país”.