Este registro, destinado a quienes presentan incumplimientos fiscales, limita su acceso a pagos digitales y créditos financieros. Aunque su objetivo declarado es combatir la evasión y aumentar la recaudación, la realidad muestra un impacto profundo y cuestionable
sobre la economía y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

¿Qué significa estar en la lista negra de ARCA?

Para los miles de contribuyentes que podrían verse afectados, las consecuencias son claras y devastadoras: cuentas bancarias bloqueadas, imposibilidad de realizar transferencias digitales y negación de créditos en el sistema financiero. Este cerco fiscal no solo amenaza la estabilidad económica de individuos y empresas, sino que también estigmatiza a los afectados como "no confiables", lo que puede generar barreras adicionales en su vida financiera y profesional.

Esta medida, presentada como un acto de justicia fiscal, parece desconocer las complejidades de la realidad económica de muchos argentinos. La mayoría de los deudores no son evasores intencionales, sino ciudadanos golpeados por la crisis, que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones fiscales debido a una economía cada vez más restrictiva.
 

La sombra de la inconstitucionalidad

El uso de esta lista negra plantea serias dudas sobre su constitucionalidad. En primer lugar, el derecho a la propiedad, garantizado por el Artículo 17 de la ConstituciónNacional, podría estar siendo vulnerado al impedir el acceso a fondos y servicios financieros esenciales. Además, el principio de igualdad consagrado en el Artículo 16exige que las medidas del Estado no discriminen de manera arbitraria, mientras que el debido proceso (Artículo 18) establece que todo ciudadano tiene derecho adefenderse antes de sufrir sanciones que afecten su patrimonio o reputación.
 

¿Esta medida respeta estos principios? Si no hay transparencia en los criterios deinclusión en la lista, ni mecanismos claros de apelación, la respuesta parece sernegativa.

Impacto en la economía real

Más allá de las cuestiones legales, el impacto económico es alarmante. Al cortar el acceso a herramientas esenciales como el crédito y los pagos digitales, ARCA pone en jaque a pequeños comerciantes, autónomos y empresas que dependen de estas herramientas para su supervivencia diaria. ¿Qué ocurrirá con los empleados de una PyME que no pueda renovar su línea de crédito? ¿Qué pasa con el comerciante que no puede pagar a su proveedor por un bloqueo bancario?

Lejos de resolver problemas estructurales, estas restricciones podrían fomentar la informalidad, ya que los afectados buscarán sobrevivir fuera del sistema formal, debilitando aún más la capacidad de control fiscal que ARCA intenta reforzar.
¿Cómo protegerse? Consejos para los contribuyentes

Ante este panorama, es crucial que quienes se vean afectados por esta medida actúen con rapidez y estrategia:

1. Conocer su situación fiscal: Acceder al portal de ARCA para verificar el estado de su deuda y la posibilidad de estar en la lista negra.

2. Regularizar deudas: Evaluar planes de pago que permitan saldar compromisos de manera flexible y sin intereses excesivos.

3. Defender sus derechos: Si considera que su inclusión en la lista es injusta o desproporcionada, buscar asesoramiento legal para presentar un amparo.

4. Unirse a acciones colectivas: Los recursos colectivos, como un amparo colectivo, pueden ser herramientas efectivas para frenar esta medida en beneficio de todos los  afectados.

Una propuesta al gobierno: medidas más inclusivas

Es evidente que el control fiscal es necesario para fortalecer las finanzas públicas, pero este tipo de medidas punitivas pueden ser contraproducentes si no se ejecutancon equidad. El gobierno debería considerar alternativas como:
 

Ofrecer planes de regularización accesibles, con tasas de interés reducidas y plazos extendidos.

Implementar un período de gracia para que los contribuyentes puedan corregir su situación antes de ser incluidos en la lista.

Establecer criterios diferenciados entre evasores intencionales y deudores circunstanciales, para evitar castigos indiscriminados.
 

Crear un órgano de mediación independiente que permita resolver conflictos antes deaplicar sanciones tan severas.

Estas propuestas no solo permitirían alcanzar los objetivos de recaudación, sino que también reforzarían la legitimidad del sistema fiscal, al alinearse con los principios de justicia y proporcionalidad.
 

El poder de la acción colectiva
 

Frente a esta medida, la sociedad tiene una herramienta poderosa: la acción colectiva. Un amparo liderado por asociaciones de consumidores, cámarasempresariales o grupos de contribuyentes podría ser clave para frenar la implementación de la lista negra hasta que se garantice el respeto a los derechos constitucionales.
 

La historia demuestra que la organización y el reclamo ciudadano pueden frenar medidas desproporcionadas. Pero no solo se trata de oponerse, sino de construirsoluciones que beneficien a todos los sectores.
Cierre: Una oportunidad para el diálogo
 

En un contexto donde la confianza en las instituciones es frágil, el gobierno tiene la oportunidad de escuchar y rectificar. Esta medida, aunque polémica, puede transformarse en una herramienta efectiva si se la ajusta para priorizar la equidad y el respeto a los derechos ciudadanos.
 

El mensaje para los afectados es claro: no están solos, y el derecho está de su lado.
 

La posibilidad de generar un cambio está en sus manos y en la voluntad de una sociedad que no está dispuesta a aceptar medidas arbitrarias. ¿Podrá el gobierno transformar esta polémica en una solución consensuada? El tiempo y la acción colectiva dirán la última palabra.