>Una joven de 22 años, empleada de un reconocido boliche en Mar del Plata, fue detenida tras ser acusada de utilizar un dispositivo de cobro personal para apropiarse del dinero de las bebidas que vendía. El incidente ocurrió en el local nocturno Ananá, uno de los más populares de la ciudad costera, y habría generado un perjuicio económico de al menos 100.000 pesos en una sola noche.De acuerdo con el medio, el hecho se registró durante la madrugada del viernes, cuando varios clientes notaron irregularidades en los comprobantes de pago. Los tickets emitidos mostraban que los montos cobrados no se dirigían a la cuenta del boliche, sino a una cuenta personal a nombre de una mujer. “Los asistentes alertaron a las autoridades del establecimiento, quienes procedieron a contactar a la policía” para que interviniera en el caso.

Según detalló Noticias Argentinas, la joven empleada habría utilizado su propio posnet en al menos dos ocasiones para cobrar los tragos que servía. Este dispositivo, que estaba vinculado a una cuenta bancaria personal, permitía que los pagos realizados por los clientes no ingresaran a las arcas del local nocturno, sino directamente a su cuenta. Las autoridades del local, al ser informadas por los clientes sobre esta situación, solicitaron la presencia policial para detener a la sospechosa y retirarla del lugar.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Económicos, que lo calificó como un presunto delito de “administración fraudulenta”. Aunque no se han tomado medidas restrictivas contra la libertad de la imputada, se ha iniciado una investigación para determinar el alcance de las acciones de la joven y si estas se extendieron a otras noches de trabajo.

El fiscal Javier Pizzo, a cargo del caso, ordenó un análisis exhaustivo de la cuenta bancaria vinculada al posnet utilizado por la empleada. Según Noticias Argentinas, el objetivo es verificar si esta práctica fraudulenta era recurrente o si se trató de un hecho aislado ocurrido únicamente esa noche. Hasta el momento, las autoridades han identificado dos transacciones realizadas con el dispositivo personal, que suman un total aproximado de 100.000 pesos.

La Fiscalía continuará recopilando pruebas y testimonios para avanzar en el proceso judicial contra la joven. Aunque no se han impuesto restricciones a su libertad, las autoridades buscan esclarecer si existen antecedentes similares en su historial laboral.

Este tipo de delitos, clasificados como “administración fraudulenta”, pueden acarrear sanciones legales significativas, dependiendo de la magnitud del daño económico y de la frecuencia con la que se haya cometido el acto. Por ahora, el caso sigue en etapa de investigación, y se espera que en los próximos días se obtengan más detalles sobre el modus operandi de la imputada y las posibles consecuencias legales que enfrentará.