El debate había comenzado el 18 de marzo pasado. Cabe destacar que, por los hechos, también fueron requeridos a juicio Exequiel Omar Espinosa y José Roberto Dromi, presidentes, respectivamente- de la firma Energía Argentina S.A. (ENARSA), y de Dromi San Martino Consultores (DYSAN), quienes fallecieron antes el inicio del debate oral.

El caso

En el juicio que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°7 -integrado por los jueces Germán Andrés Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori- se analizan los hechos investigados por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del fiscal Carlos Stornelli, y por el ya fallecido juez Claudio Bonadio.

La investigación se inició a raíz de las denuncias -presentadas en septiembre y octubre de 2014- por el presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, el presidente de la ONG “Paso por Paso Argentina”, y los entonces diputados nacionales Patricia Bullrich, Laura Alonso y Federico Pinedo, por posibles irregularidades vinculadas a la adquisición e importación de gas natural licuado, por parte de los funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y ENARSA.

Además, también se imputó a Roberto Nicolás Dromi San Martino, y a su padre, José Roberto Dromi, haber intervenido en la maniobra como intermediarios de ENARSA y las empresas proveedoras de GNL, Morgan Stanley, Gas Natural Aprovisionamientos SDG, y Gas Natural Fenosa, lo que incidió en el precio abonado por los cargamentos de gas.

El alegato de la fiscalía

La audiencia comenzó hoy cerca de las 10 de la mañana, con la descripción de los hechos imputados, formulada por el auxiliar fiscal Codromaz, quien señaló que, entre el 4 de abril de 2008 y el 12 de agosto de 2009, De Vido, Baratta y Espinosa, “intervinieron de forma funcionalmente coordinada en la adquisición de 11 cargamentos de Gas Natural Licuado, en el marco del Programa Energía Total”, que había sido creado en julio de 2007 para afrontar la situación energética, a través de la sustitución del consumo de gas natural y energía eléctrica por combustibles alternativos. Agregó que “estas adquisiciones -financiadas con fondos públicos- se realizaron infringiendo las normas que regía el uso de recursos del Estado y la contratación pública, tanto generales como específicas del PET”.

Entre las irregularidades reseñadas por la fiscalía se cuentan la falta de licitación pública o procedimiento competitivo -en contradicción a los principios de transparencia, eficiencia y publicidad previstos en las Leyes 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 25.188 de Ética en la Función Pública, y en los Decretos 1023/01 y 436/00)- la delegación irregular de la gestión operativa de ENARSA y la inobservancia del deber de dictar un reglamento interno de contrataciones -que creó una zona de discrecionalidad e informalidad incompatible con el manejo de fondos públicos-.

También destacaron la inacción por parte de De Vido y Baratta frente a dichas omisiones y desvíos, a pesar de la obligación de supervisar, corregir y controlar los actos de ENARSA.

“En ese contexto, seis de esos cargamentos fueron gestionados por YPF S.A. y comprados a Repsol Comercializadora de Gas S.A., por un total de U$S 267.935.139,33. Los otros cinco cargamentos fueron adquiridos a través de las empresas Diligentia y Dysan, que actuaron como intermediarios con las firmas proveedoras Gas Natural y Morgan Stanley, por un total de U$S 112.475.792,35”, señaló Codromaz.

Agregó que “bajo el amparo de estas maniobras, se pagaron comisiones y honorarios por un total de U$S 5.523.345,02: U$S4.791.600 a Diligentia y U$S 731.744,50 a YPF S.A., sin que se ya demostrado la existencia de un servicio técnico, logístico o contractual o adicional que lo justificara” y que esos pagos fueron “contrarios al interés público, arbitrarios e innecesarios”.

La fiscal León afirmó que en el caso se verificó "un esquema de contratación fraudulenta en el que se pagaron más de 5 millones de dólares en comisiones innecesarias y desproporcionadas a empresas sin antecedentes técnicos, con beneficio directo para particulares allegados a ellos”.

Finalmente, el auxiliar fiscal analizó los diversos contratos suscriptos, los cargamentos de gas, las comisiones pagadas innecesariamente a Diligentia y Dysan, las resoluciones dictadas por el Ministerio de Planificación nacional y ENARSA al respecto, la normativa vigente al momento de los hechos y las irregularidades advertidas por la Auditoría General de la Nación.

Tras un cuarto intermedio, Codormaz retomó su alocución con la descripción del tipo penal imputado y las responsabilidades de cada uno de los tres imputados.

Con relación a De Vido, señaló que tenía la obligación de supervisar a ENARSA como sociedad estatal bajo su órbita; la ejecución, fiscalización y estructuración del PET; la aprobación, supervisión y control de los contratos con impacto presupuestario o energético, y la implementar del régimen de contrataciones.

Por su parte, Baratta, tenía la dirección operativa del PET y el deber de supervisar directamente a ENARSA. También estaba obligado a producir y controlar los contratos y tuvo conocimiento de las irregularidades y omitió subsanarlas.

Respecto a Dromi San Martino, indicó que no era funcionario público -sino que era un vinculo operativo para encarecer los costos-, que participó en las maniobras fraudulentas, y que actuó a sabiendas de que -con las comisiones percibidas- perjudicaba al Estado.

Luego, el auxiliar fiscal reseñó las conductas ilícitas desplegadas, entre las que incluyó la decisión de tercerizar innecesaria y onerosamente las operaciones de compra de GNL, a través de intermediarios sin experiencia ni licitación alguna; el apartamiento de las normas que rigen el manejo de fondos públicos y los principios de contratación administrativa; la inacción de quienes debían controlar; y la posibilidad de impedir el resultado. También se refirió al pago de comisiones desproporcionadas a favor de particulares, por operaciones que ENARSA podía -y debía- gestionar directamente, conforme la normativa del PET y sus obligaciones legales.

Las penas

Luego tomó la palabra la fiscal general León quien continuó el alegato, reseñando las condiciones de personales de los tres imputados, para finalmente pasar al pedido concreto de penas:  4 años y 8 meses de prisión para De Vido; 4 años y 6 meses para Baratta, e inhabilitación especial perpetua para ambos, como coautores de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública. Y luego solicitó los 4 años de prisión, como partícipe necesario, para Dromi San Martino. Los tres deberán afrontar las accesorias legales y costas del proceso.

Por último, León pidió que se les imponga a Baratta y Dromi San Martino -quienes permanecen en libertad- la promesa de someterse al procedimiento, las prohibiciones de salida del país y de ausentarse de sus domicilios sin autorización del Tribunal por más de 72 horas, y la entrega de sus documentos de viaje.

Tras ello, el juez Méndez Signori dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes 26 de agosto, a las 9, cuando el debate continuará con los alegatos de las defensas de De Vido, Baratta y Dromi San Martino.