Claudio y Facundo Albini, padre e hijo y exfuncionarios de la Cámara de Diputados de Buenos Aires, están actualmente detenidos y son investigados por participar en una estafa al Estado a través de la contratación de empleados fantasma. Ambos se encuentran encarcelados desde el 23 de noviembre y hasta ahora habían optado por no declarar.

Recientemente, su abogado, Maximiliano Rusconi, presentó un documento de gran relevancia anunciando que los Albini desean ser interrogados por la fiscal del caso, Betina Lacki. En este mismo escrito, la defensa de los Albini pidió que las declaraciones se lleven a cabo esta semana y que el juez de Garantías Federico Guillermo Atencio esté presente durante las mismas.

En la provincia son los fiscales quienes conducen las investigaciones penales, pero los imputados pueden pedir que esté presente también el juez, siempre que ese pedido esté justificado. 

En este contexto, Rusconi argumentó este pedido alegando que la fiscal Lacki “no se ha conducido con la objetividad que cabe exigir a su actuación en procura de asegurar el debido proceso y garantizar el derecho de defensa de nuestros asistidos”. Asimismo, el abogado dijo que “la línea de interrogatorio explorada durante las audiencias de recepción probatoria y otras decisiones asumidas” demuestra esto. 

A su vez, el abogado solicitó un cambio en la modalidad de traslado de los Albini desde la prisión en Lisandro Olmos hasta la fiscalía en La Plata. En este punto, pidió que se realice a través de una “comisión especial” y no mediante el método ordinario del Servicio Penitenciario Bonaerense. 

Esta petición se basa, según argumentó Rusconi, “tomando en cuenta las circunstancias personales de nuestros asistidos, la naturaleza de esta causa y, también, el estado de salud que aqueja a los señores Claudio y Facundo Albini”.

Los traslados ordinarios en la provincia son realizados en vehículos conocidos como “latas”, que recogen detenidos de varios lugares desde las tres de la mañana, en condiciones de hacinamiento y con esposas que los atan a los asientos o al piso, lo cual los Albini buscan evitar.

La detención de los Albini

Claudio y Facundo Albini fueron detenidos a finales de noviembre de 2023 tras el análisis del celular de “Chocolate” Rigau, un operador político cuyo dispositivo fue incautado dos meses antes. En el teléfono, los expertos hallaron evidencias de que Facundo gestionaba operaciones, Rigau retiraba el dinero de los cajeros y Claudio se encargaba de las rendiciones de fondos, los cuales eran desviados para beneficios personales o de terceros, según indicó el juez.

Claudio ocupaba el cargo de subjefe de Personal en la Cámara de Diputados de Buenos Aires hasta su arresto, perteneciendo a la Secretaría Administrativa. Facundo también es empleado en la misma secretaría y anteriormente desempeñó roles oficiales allí. Ambos están acusados de formar parte de una asociación ilícita y de cometer fraudes reiterados.

Desde su detención, los acontecimientos se han desarrollado rápidamente. La prisión preventiva de los Albini fue confirmada, ellos cambiaron de defensa legal a un renombrado estudio jurídico de Buenos Aires, y el expediente se expandió con la adición de dos nuevos “chocolates” y 39 prestanombres del Senado. 

Además, tres altos funcionarios administrativos de la Cámara de Diputados prestaron declaración como testigos, lo que incrementó la tensión en el caso y precedió a la solicitud urgente de declaración por parte de los Albini.

Entre los testigos estuvo Pablo Parente, director de Personal desde finales de 2019 y jefe de Claudio; Tomasina Papaleo, directora de Servicios Auxiliares desde 2017, identificada por varios implicados como su jefa; y Eduardo Vito Resiglione, director de Legal y Técnica. 

Estos testimonios han proporcionado a los investigadores una mejor comprensión del funcionamiento interno de la Cámara, tanto el legítimo como el simulado, permitiéndoles decodificar las ambigüedades legales y avanzar en el cerco al esquema fraudulento investigado. 

Sorprendentemente, una institución con tanta historia como la Cámara de Diputados carece de un organigrama oficial, lo que obligó a los funcionarios a esbozar diagramas improvisados en una mesa judicial para ilustrar la estructura organizacional.